La violencia que sufrió la alcaldesa Marta Cantillo Martínez no puede entenderse como un simple altercado. El ataque físico que denuncia, atribuido al concejal Dionisio Bánquez Márquez y a su esposa, es un mensaje directo contra quien se atreve a desafiar intereses y poner por encima el bienestar de su gente.
El golpe en su rostro, que le dejó una incapacidad médica de 20 días, no solo lastimó a una mujer y a la mandataria local; golpeó también la confianza ciudadana en sus instituciones. Tanto así, que fue necesario designar de manera encargada a la secretaria administrativa Natalia Sofía Castillo Julio para garantizar la continuidad del gobierno municipal.
Cuando defender al pueblo incomoda
Este episodio refleja la crudeza de la violencia política que aún persiste en Colombia: castigar a quien levanta la voz contra la corrupción o enfrenta los abusos de poder. Lo que debería resolverse en el debate de las ideas terminó convertido en una embestida física contra la primera autoridad del municipio, un acto que erosiona la democracia y amenaza el liderazgo femenino.
Una sociedad a prueba
La agresión contra la alcaldesa Cantillo es una advertencia peligrosa: en un país donde se lucha por fortalecer la democracia local, no puede tolerarse que gobernar con firmeza y denunciar irregularidades signifique arriesgar la vida. Defender al pueblo y combatir la corrupción no debería tener como precio el maltrato ni la violencia.
La pregunta que queda es ineludible: ¿qué futuro puede tener la democracia si quienes gobiernan con valentía deben pagar con golpes el costo de servir a su gente?
