Esta norma, expedida por el Gobierno nacional, busca que los usuarios paguen de acuerdo con la calidad, continuidad y cobertura del servicio, garantizando tarifas equitativas y poniendo el Derecho Humano al Agua en el centro. Aplica a grandes prestadores como Veolia, que opera en municipios como Magangué, y fue construida tras cinco años de análisis técnico y participación ciudadana.
Sin embargo, ciudadanos cuestionan que en Magangué no se implemente ni se exija este nuevo marco tarifario. Señalan que el alcalde Pedro Alí estaría favoreciendo intereses particulares y empresariales, en lugar de defender el bolsillo de los más de 30.000 usuarios afectados por el iegular servicio.
La resolución también brinda a alcaldías y gobernaciones una herramienta clave para mejorar cobertura, calidad y continuidad. Por eso, crece el llamado a que el mandatario local la utilice para exigir condiciones justas y priorice a la ciudadanía sobre la empresa.
