El proceso judicial relacionado con la presunta pérdida de 80 millones de pesos en el Concejo de Magangué, en el que figuraba vinculado José Martínez Bonilla junto a otras personas, no fue archivado, sino que culminó con preclusión de la investigación, figura jurídica solicitada por la propia Fiscalía General de la Nación y posteriormente avalada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Mompox.
De acuerdo con la información conocida, el ente acusador elevó la solicitud de preclusión al considerar que no contaba con los elementos materiales probatorios, evidencia física ni información legalmente obtenida suficientes para sustentar una acusación y llevar el caso a juicio.
La decisión judicial respalda la petición de la Fiscalía y pone fin, por ahora, al proceso penal adelantado en relación con estos hechos.
Frente a la determinación, el abogado defensor de Martínez Bonilla, Jhonatan Peláez, informó que estudia la viabilidad de interponer una demanda contra el Estado por los presuntos perjuicios ocasionados al buen nombre, la honra y la reputación de su defendido durante el curso de la investigación.
El jurista sostuvo que la decisión de preclusión constituye un reconocimiento de la inexistencia de mérito suficiente para continuar con la acción penal en contra de su cliente.
