Escuche aquí la columna de opinión:
Por: Juan Cesar Díaz Buelvas.
Desde antes de las elecciones, algunos sectores han intentado impedir la llegada de Amaury Julio Pérez a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar.
La primera ofensiva se produjo incluso antes de la campaña electoral. Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue presentada una solicitud para revocar su inscripción como candidato, argumentando una supuesta inhabilidad derivada de la suscripción de contratos de prestación de servicios (OPS) dentro del término establecido por la ley.
Los demandantes también sostuvieron que, a través de dichos contratos, Amaury Julio habría ejercido autoridad administrativa, circunstancia que —según su interpretación— lo inhabilitaba para aspirar al Congreso.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral adelantó la investigación correspondiente, recaudó las pruebas necesarias y, mediante la Resolución 0371, concluyó que el candidato no estaba incurso en ninguna causal de inhabilidad. Su decisión se fundamentó en la jurisprudencia del Consejo de Estado, razón por la cual mantuvo en firme la inscripción de Amaury Julio como candidato.
Pero el debate no terminó allí.
En abril de 2026 fueron presentadas tres nuevas demandas, esta vez con el propósito de obtener la nulidad de su elección como representante a la Cámara.
Dos de ellas retoman exactamente los argumentos que ya habían sido estudiados y descartados por el CNE: la supuesta inhabilidad por haber celebrado contratos dentro de los seis meses anteriores a la elección y el presunto ejercicio de autoridad administrativa mediante contratos de prestación de servicios.
La tercera demanda, presentada ante el Consejo de Estado, plantea una presunta doble militancia.
En dos de estos procesos, los demandantes solicitaron medidas cautelares para impedir que Amaury Julio pudiera posesionarse como representante el próximo 20 de julio.
No obstante, este medio conoció los autos proferidos por el Consejo de Estado mediante los cuales se admiten dos de las demandas, pero, al mismo tiempo, se niegan las medidas cautelares solicitadas para suspender la posesión del congresista electo.
En consecuencia, mientras el alto tribunal estudia el fondo de las demandas, Amaury Julio mantiene despejado el camino jurídico para asumir su curul el próximo 20 de julio como representante a la Cámara por el Pacto Histórico en Bolívar.
Ahora bien, más allá del curso normal que deben seguir los procesos judiciales, llama la atención la forma en que algunos sectores han intentado presentar estas demandas como si ya existiera una decisión definitiva contra el congresista electo, generando una percepción que no corresponde al estado real de los expedientes.
En una democracia, acudir a la justicia es un derecho. Pero también lo es informar con responsabilidad y sin inducir a conclusiones anticipadas.
Por eso surge una pregunta inevitable: ¿quién tiene tanto interés en impedir que Amaury Julio llegue al Congreso, incluso después de haber obtenido el respaldo de las urnas?
El tiempo y las decisiones de los jueces darán la respuesta definitiva. Mientras tanto, los hechos muestran una realidad concreta: las demandas siguen su curso, pero, hasta hoy, ninguna ha impedido la posesión del representante electo.
