La ruta de Abelardo de la Espriella hacia la Casa de Nariño sigue sin obstáculos judiciales, luego de que el Consejo de Estado inadmitiera la demanda que buscaba anular su elección como presidente de Colombia y frenar su posesión del próximo 7 de agosto.
La acción había sido presentada por el exsuperintendente y abogado cercano al Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez, quien pretendía dejar sin efectos la declaratoria de elección emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, el alto tribunal concluyó que la demanda no cumplía con los requisitos legales y procesales exigidos, por lo que decidió inadmitirla y conceder al demandante un plazo de tres días para corregir las inconsistencias señaladas.
Por ahora, la decisión significa que la posesión presidencial continúa programada para el 7 de agosto, sin que exista una medida judicial que suspenda el proceso de transición.
De acuerdo con versiones conocidas públicamente, la demanda habría contado con el respaldo del presidente Gustavo Petro y buscaba anular el acto administrativo mediante el cual el CNE oficializó la elección de De la Espriella para el periodo 2026-2030, tras el escrutinio nacional.
Crece la presión internacional
En medio de la controversia política, Estados Unidos y otros doce países integrantes del llamado «Escudo de las Américas» emitieron un pronunciamiento conjunto en el que solicitaron respetar los resultados oficiales de las elecciones presidenciales en Colombia.
Los gobiernos firmantes advirtieron que cualquier intento de desconocer la voluntad expresada en las urnas o de entorpecer la transición presidencial representa un riesgo para la institucionalidad democrática.
El comunicado manifestó preocupación por las declaraciones que cuestionan el proceso electoral sin pruebas concluyentes e hizo un llamado a garantizar una transición pacífica, ordenada, transparente y ajustada a la Constitución.
El pronunciamiento se conoció después de que el presidente Gustavo Petro insistiera en no reconocer la victoria electoral de Abelardo de la Espriella, al alegar presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial, afirmaciones que hasta el momento no han sido respaldadas con pruebas públicas.
