El documento de la Contraloría no es una opinión política: es un acto administrativo en firme que deja a la administración de Pedro Alí seriamente comprometida y bajo la lupa de los organismos de control.
La Contraloría General de la República dejó constancia formal de graves deficiencias administrativas en la Alcaldía de Magangué, encabezada por Pedro Alí, al concluir que existió planeación inoportuna en la contratación del transporte escolar, situación que afectó el acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes.
Según la respuesta oficial al Derecho de Petición, el ente de control estableció que desde la etapa de planeación contractual no se garantizaron las condiciones mínimas para que el transporte escolar operara desde el inicio del calendario académico, lo que derivó en interrupciones prolongadas del servicio y vulneración de derechos fundamentales.
La Contraloría fue categórica:
no aceptó justificaciones administrativas y determinó que la responsabilidad recae en la administración municipal, cuyo jefe es el alcalde y ordenador del gasto, figura central en la toma de decisiones contractuales.
Como resultado del proceso, se configuró un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, el cual ya fue trasladado a la Procuraduría General de la Nación, abriendo un escenario formal de evaluación disciplinaria para los responsables.
Mientras el discurso oficial hablaba de compromiso con la educación, el informe evidencia otra realidad:
- Falta de planeación efectiva
- Servicios escolares interrumpidos
- Riesgo de exclusión educativa
- Control fiscal activado
